Corrupción y buen gobierno

Eduardo Pérez Roque

Uno de los peores insultos, calificativos o agravios que se le pueden hacer a cualquier político o ciudadano es el de “corrupto”, como también lo es el de “populista”, “retrogrado” y otros más. Cuando un político o cualquier otra persona recibe el de “corrupto” exige pruebas, demanda disculpas o por lo menos se siente ofendido en lo más íntimo y en su imagen pública. En este caso nos referimos a la corrupción política que se presenta en cualquier nivel de gobierno y en cualquier parte de la geografía, así como también en cualquier latitud de nuestro país y del mundo, ya que permea los ámbitos socio-económico y de cualquier otra índole.

Respecto a la corrupción en la administración pública, Rodrigo Borja manifiesta que “la corrupción gubernativa –que lamentablemente es un signo de los tiempos- erosiona la autoridad, afecta la credibilidad de los órganos del poder y se convierte en una de las acechanzas más peligrosas contra la gobernabilidad democrática de un pueblo porque corroe los valores éticos sociales sobre los que descansa la organización comunitaria. La sociedad, entonces, puede entrar en una suerte de anomia, es decir, de descomposición global, de ausencia de normas éticas y jurídicas e, incluso, de referencias morales para el comportamiento de las personas, de modo que no puedan distinguir lo lícito de lo ilícito, lo bueno de lo malo, lo permitido de lo prohibido”.

Para combatir la corrupción en el ámbito público, indicador de buen gobierno, en mayo de 1993 se fundó Transparencia Internacional que en 1996 publicó un informe sobre el estado de la corrupción en el mundo, donde el país más corrupto era Nigeria y el que contaba con menor corrupción Nueva Zelanda seguida por Dinamarca, Finlandia, Canadá, Noruega, Singapur, Suiza, Holanda, Australia, Irlanda, Inglaterra, Alemania y otros.

Transparencia Internacional define a la corrupción como “el abuso de la función pública para obtener rédito personal”, definición que obviamente se ubica en una perspectiva política y por lo tanto resulta parcial, pues este fenómeno se extiende, como ya lo dijimos anteriormente, a otros campos.

Vale la pena mencionar que de acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción de 1999, el lugar que ocupó en 1998 Nigeria lo pasó a tener Camerún, al que le siguieron Paraguay, Honduras, Tanzania, Nigeria, Indonesia y otros. A cambio, los más honorables fueron Dinamarca, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Islandia, Canadá y Singapur.

En este marco, resulta interesante la fundación del capítulo nacional de Transparencia Internacional en 1999, Transparencia Mexicana, que el pasado mes de marzo presentó su informe acerca del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007 (INCBG), el cual presenta datos importantes acerca de lo que para nosotros es mejor conocido como la “mordida”, y que comprende aspectos tan familiares a nosotros como los que presentan los mayores índices de corrupción: pedir al camión de la delegación que se lleve la basura; pasar objetos en alguna aduana, reten, garita o puerto fronterizo; evitar que un agente de tránsito se lleve su auto al corralón o sacarlo de éste; evitar ser infraccionado o detenido por un agente de tránsito; y, estacionar su automóvil en la vía pública en lugares controlados por personas que se apropian de ellos. A diferencia de lo anterior, el INCBG menciona los trámites con menores índices de corrupción: pago de predial; solicitar una beca; recibir correspondencia; obtener la cartilla militar o exentar el servicio militar; y, la conexión del teléfono.

Otros datos interesantes son el relativo a que en 2007, en promedio, las “mordidas” costaron a los hogares mexicanos 138 pesos, mientras en 2005, 177 pesos. También, que en 2005 se pagaron 19 mil millones de pesos de “mordidas” en servicios públicos por los hogares, en comparación con los 27 mil millones de pesos en 2007, lo que significa un aumento alarmante de la corrupción.

También, resalta la información relativa a las 5 entidades con mayor nivel de corrupción: Morelos, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal y el Estado de México, a diferencia de las 5 con menor nivel: Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit y Michoacán.

Transparencia Mexicana señala claramente al presentar el INCBG 2007 que registra únicamente la corrupción en servicios públicos ofrecidos por los tres niveles de gobierno y por particulares, lo que implica que el soborno en otros ámbitos y círculos no es considerado en este estudio, lo cual no le resta importancia como puntero de otros análisis posteriores. Recordemos lo que mucho se ha afirmado en cuanto a que la mordida, corruptela o soborno forma parte de nuestra cultura y que se presenta en cualquier forma, lugar o momento, aún en los más insospechados. También, que la corrupción se vincula con la ética política, transparencia gubernamental, normatividad administrativa y la educación cívica.

Por cierto, ¿Cuándo contaremos con un índice similar o más amplio del que nos ha ocupado en torno a Veracruz?